«Es que soy autoritario. Y porque así como un gobierno puede establecerse temporariamente en otro lugar, fuera de su sede oficial, yo decidí ejercer mis funciones desde aquí, acompañado por mi gabinete», dijo Aldo Rico, intentando de ese modo justificar la ocupación del hospital Raúl Larcade, en el partido bonaerense de San Miguel, del que es intendente.
El ex teniente coronel -que fue procesado por liderar intentos de golpe de Estado en 1988 y 1989- irrumpió en las primeras horas de la madrugada de ayer en el centro de salud, junto con su secretario de Gobierno, Oscar Daniel Zillocchi; el jefe de la bancada de concejales del PJ, Raúl Martínez, y una veintena de hombres.
Los seguidores de Rico se apostaron en la puerta principal, en la de la guardia y en los pasillos: eran los encargados de la «admisión» o del «desalojo» de los periodistas.
Un hombre enorme, de campera de cuero negra, con voz potente con la que calmaba a sus seguidores y que dijo llamarse Daniel, era el encargado de la seguridad de Rico y su gente.
Si bien aseguraron que «somos el pueblo», cuando Rico se retiró del Larcade, Daniel y los demás siguieron al intendente hasta el municipio. Pero uno de ellos advirtió: «Nuestra gente, los más capos, se quedaron adentro para que nadie ocupe el hospital, y no se van a ir».
Comienza el operativo
Durante la madrugada, el contingente «de apoyo» se había dedicado a colocar pancartas en las inmediaciones del edificio, con leyendas en favor del intendente y acusaciones contra un supuesto «circo de la mafia médica» que operaría en el Larcade.
Rico hizo pasar por tandas al periodismo, entre ellos a La Nación .
Señaló que había resuelto la ocupación «porque hay fuerzas políticas que impiden el funcionamiento del hospital y permiten que el dinero invertido en él sea dilapidado», dijo. «Además, porque el hospital es mío», se despachó sin mayores escrúpulos.
Frente a un voluminoso mate y luciendo un llamativo chaleco de gamuza, el ex militar carapintada unió a casi todas sus respuestas una amplia sonrisa, como si estuviera participando de un juego que lo divirtiera.
Negó enfáticamente que su intención sea privatizar el hospital, aplicar arancelamientos y echar al 80% del personal -hechos que denunciaron sus opositores y el gremio municipal de San Miguel- y afirmó que lo único que tiene en vista «es potenciar la oferta de salud para hacer frente a la máxima demanda».
«Este circo -comentó, utilizando las mismas palabras que las pancartas- le cuesta al distrito 16 millones de pesos anuales, de los cuales ocho los pone el vecino en un sistema de salud que no funciona.»
Cuando se le preguntó hasta cuándo se iba a quedar, contestó: «Hasta que concluya la reforma que nos hemos propuesto».
En tanto, a lo largo de la avenida Presidente Perón al 2300, frente al centro asistencial, la otra campana la hacían sonar unas 200 personas -esporádicamente se les unían unos pocos médicos-, pertenecientes a diversos sectores políticos, como el Frepaso, el radicalismo y varios movimientos de izquierda, además del Centro de Estudiantes de Medicina de la UBA y el Sindicato de Trabajadores Municipales.
Portaban carteles que alentaban a defender al hospital público, mientras entonaban un estribillo conocido: «Se va acabar, la dictadura militar».
Al mediodía, arribó al lugar un grupo de Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini: «Vengo -dijo- para repudiar a Rico, porque un hospital no puede ser tomado por un torturador y asesino, que se instaló aquí como si esto fuera un cuartel y los médicos, sus subordinados.»
Críticas a la ocupación
Alberto López Camelo, secretario del gremio, sintetizó los últimos «percances de un hospital que siempre tuvo su costado crítico».
Recordó que, en enero, Rico propuso que el Larcade sólo atendiera a pacientes locales, idea que abandonó por la presión de diversos sectores, pero el 9 de este mes presentó un proyecto de ordenanza para declarar el estado de emergencia sanitaria en el partido, derivar pacientes a otros hospitales y declarar en disponibilidad absoluta al personal.
«Y después se descolgó con este copamiento, incoherente con sus afirmaciones de que no piensa arancelar ni echar gente, pero coherente con sus verdaderas intenciones de privatizar el centro de salud y destruirlo definitivamente», dijo el gremialista.
Los únicos trabajadores que aceptaron hacer declaraciones fueron los médicos.
Rechazaron aseveraciones de Rico en el sentido de que «conforman un grupo de mafiosos, con altos sueldos y derivación de pacientes a clínicas privadas», advirtiendo que los sueldos allí rondan entre los 400 y 600 pesos, y que un jefe de sala con 15 años de antigüedad gana entre 840 y 1000 pesos.
El candidato a intendente por la Alianza, Julio César Franchino, consideró una «barbaridad» la toma del hospital, «dirigida a que se atiendan sólo los que tienen capacidad contributiva. Busca fondos para los 870 ñoquis que le insumen 2,5 millones de pesos mensuales».
A las 17.55, Rico decidió retirarse por la puerta principal del hospital.
La salida fue caótica: estaba rodeado de su «guardia personal» y éstos, de policías bonaerenses. Nadie sabía a quiénes cuidaban los uniformados, si al funcionario o a los vecinos, manifestantes y periodistas que recibieron codazos, trompadas, patadas y pisotones. El resultado fue un herido.
Como la situación se volvió algo tumultuosa, el otrora héroe de Malvinas decidió volver sobre sus pasos, correr hasta el estacionamiento y refugiarse en su Pathfinder de color verde militar. Bien atrincherado en la camioneta, junto a sus colaboradores, sólo bajó la ventanilla para decir: «Hoy fue un buen día».
Eduardo Levitín, abogado del gremio de trabajadores municipales, dijo que la jueza en lo civil y comercial de San Martín, Gloria Martínez, dictó una medida de no innovar, luego de una presentación del sindicato.
Tibio apoyo de Duhalde
La Plata.- La situación generada por Aldo Rico, intendente de San Miguel, en torno del Hospital Larcade, provocó no pocas corridas en La Plata. Aunque el gobernador Eduardo Duhalde se mantuvo al margen de la cuestión, no se soslayó una suerte de tibio apoyo al intendente.
Ayer, en los pasillos cercanos al poder, se dejaron traslucir algunas quejas hacia declaraciones de los ministros Juan José Mussi (Salud) y León Arslanian (Justicia y Seguridad), que condenaron la actitud del ex militar.
«Uno de ellos -no lo identificaron- salió por radio diciendo que se había enterado del tema por los diarios. ¿Cómo va a emitir opinión si ni siquiera sabía de lo que hablaba?», se sinceró ante La Nación el informante.
A media tarde, desde las oficinas del Ministerio de Gobierno, a cargo de José María Díaz Bancalari, se dijo que el funcionario no iba a hablar del tema. Sin embargo, algunos colaboradores se mostraron sorprendidos por la difusión dada en la prensa a la cuestión.
Allí se afirmó que «la provincia nada puede hacer. Si intentáramos intervenir, avasallaríamos la autonomía municipal». El razonamiento duhaldista, en alguna medida, apoya la actitud de Rico. «Si el intendente quiere constituir su despacho en el corralón de la comuna puede hacerlo; si pretende trabajar en el despacho del director del hospital, también», se intentó justificar.
Los legisladores de la Alianza no eran de la misma opinión. El titular de la Cámara baja, Alejandro Mosquera, y los presidentes de los bloques de la UCR y el Frepaso, Daniel Salvador y Aldo San Pedro, respectivamente, intentaron reunirse con Duhalde, Díaz Bancalari y Mussi. No encontraron a ninguno.