Contaminación cloacal

La construyó la provincia hace 20 años. Pero ahora es pura fachada. La Municipalidad de San Miguel igual cobra un canon para que los camiones arrojen allí aguas servidas, que van directo al Reconquista.
Apenas hace suficiente calor como para andar en remera un olor pútrido se apodera del aire, haciendo miserable la vida de los vecinos de este rincón de Bella Vista, en Moisés Lebensohn y la vía del ferrocarril. Por ahí camina el señor R, un anciano. Tiene tanto miedo que se podría pensar que un fantasma le está rascando la espalda. Casi temblando, él apunta a la planta depuradora de líquidos cloacales, y afirma que es la fuente de la pestilencia. De eso no hay dudas.
Paradójicamente, en otros tiempos este mismo establecimiento había sido una suerte de orgullo del barrio. Se decía que era la planta de tratamiento de efluentes cloacales más grande de América latina. Cuando la construyó —ya hace más de 20 años—, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires le aseguró a la gente que la técnica que se usaría iba a ser tan moderna que el agua tratada terminaría teniendo la misma calidad que la que se consume en París. Y por años, la planta y los vecinos convivieron en armonía. Hasta que, en 1999, llegó la privatización de AGOSBA, la empresa de agua de la provincia.
Desde que el Estado provincial cedió el control del establecimiento —que debería prestar servicio a las 270 mil almas de San Miguel—, éste dejó de funcionar, como si hubiera sufrido un paro cardíaco fulminante. De un día para el otro no se procesaron más aguas servidas. Pero esto no quiere decir que los efluentes cloacales hayan dejado de ser vertidos allí. Es más: todos los días, los camiones atmosféricos hacen cola para descargar sus desechos. Pero no lo hacen directamente en la planta, porque no los deja la compañía que se hizo cargo de la vieja AGOSBA en esta zona, Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA). El proceso es algo más complicado.
Ahora los desechos cloacales se tiran en una casucha que había sido construida años antes de la privatización frente a la planta, pero del otro lado de las vías del ferrocarril. La obra pertenece a la Cámara de Transportes Atmosféricos de General Sarmiento.
Allí hay un pequeño piletón, donde los camiones dejan su pestilente carga, tal como la recogen de los pozos ciegos. Una malla de hierro muy rudimentaria se encarga de detener el paso de los objetos grandes —como las botellas de plástico o latas— al piletón. Desde allí, el líquido barroso continúa su paso por un caño que pasa por debajo de las vías del tren y que va a dar a la planta. Y así como entra a la planta, sale de ella por otro caño que se descarga en el río Reconquista. Todo esto parece un acto de mímica, pues los desperdicios cloacales no son tratados en ninguna parte. La Cámara de Transportes Atmosféricos paga un canon de 1.800 pesos a la Municipalidad de San Miguel por este vano ejercicio ambiental, un dato que la Justicia, que está investigando la situación en la planta, desconocía hasta que se lo informó Clarín.
El señor R tiene mucho miedo porque cree que hay «mafias» complotando para contaminar el río Reconquista. Estas organizaciones pueden ser reales o imaginarias, pero su pánico es palpable. Sea como fuere, la Justicia quiere saber qué está pasando aquí. Por eso, el 11 de junio pasa do el fiscal José Guozden, de la Unidad Fiscal Número 11 de San Martín, mandó a la flamante unidad de delitos ambientales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (de hecho, fue su primer caso) a allanar la planta. El fiscal presume que se está violando el artículo número 200 del Código Penal, que prohíbe la contaminación de fuentes de agua.
Funcionarios judiciales aseguraron a Clarín que en las próximas semanas se producirán «importantes novedades» en torno a la investigación, sin ser muy específicos. Pero el hecho es que el expediente no ha avanzado sustancialmente, entre otras cosas, porque no se logra establecer de quién es la planta. La única persona que trabaja allí, Mario Pascual Giménez, viste un impecable uniforme de AGBA. Pero la compañía dice que no es responsable «ni del mantenimiento ni de la operación ni de la remodelación ni la posesión» del lugar y que Giménez sólo «está afectado a tareas de mantenimiento de redes colectoras existentes».
La situación en la planta puede llamar la atención de la Justicia, pero no del ingeniero Juan Vries, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Miguel. «Todo el mundo tira el crudo al río», le dice despreocupadamente a Clarín, y a continuación se queja de que las leyes ambientales se hicieron pensando en un país del Primer Mundo, cuando la Argentina, luego del default, «pasó a ser un país del cuarto mundo».
Curiosamente, hay algo de verdad en eso: debido al default, el gobierno del Japón castigó a la Argentina negándole un crédito prometido por 40 millones de dólares para ampliar la planta depuradora. Tokio exigía que el país pagara al menos los intereses de los 9 mil millones de dólares de la deuda pública emitida en yenes, que compraron desafortunados jubilados japoneses, gente probablemente de la misma edad que el señor R. El pasa por la calle Lebensohn todos los días y maldice el olor en mil idiomas. No puede dejar de percibir una pintada frente a la planta. «Esperamos tu venida. Ven, Señor Jesús». Y luego pide salvarse del hedor. Tal vez suceda: el presidente Néstor Kirchner prometió en agosto que la obra de la ampliación se pondrá finalmente en marcha. Esta debería comenzar en 2004. Mientras tanto, los camiones siguen haciendo cola. Como si nada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.